Presentación del Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama

Sugerencias al Plan General de Ordenación Urbana de Collado

Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama

Otra opción sobre la seguridad ciudadana

El mal de Marbella (Enrique Gil Calvo - El País - 24/04/06)

Los catalizadores de la corrupción (José María Ruiz Soroa - El País - 13/04/06)

Triunfo de todos (Miguel Herrero de Miñón - El País - 25/03/06)

Vida cotidiana española (Ruth Toledano - El País - 17/03/06)

 

Presentación del Manifiesto en defensa de la Sierra del Guadarrama         

El miércoles 11 de OCTUBRE, a las 19 h. en la Sala de Conferencias del ATENEO DE MADRID (Calle Prado, 21), tendrá lugar la presentación del Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama. El acto consistirá en una mesa redonda_coloquio, moderada por Alberto Pardo de Vera, y compuesta por los siguientes invitados:

LUIS JIMÉNEZ HERRERO (Director del Observatorio de la Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente)
PEDRO NICOLÁS MARTÍNEZ (Geógrafo. Miembro del equipo redactor del PORN de Guadarrama)
JULIO RODRÍGUEZ LÓPEZ (Economista y Vocal del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid)
RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN (Miembro de Ecologistas en Acción y Profesor del Master Política y Gestión Ambiental de la Universidad Carlos III de Madrid)
GABRIEL DORADO MARTÍN (Profesor del Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la Universidad Politécnica de Madrid)

El Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama es una iniciativa ciudadana mediante la cual se han recabado apoyos en los círculos académicos y culturales, para intentar potenciar un debate que sensibilice, dentro de lo posible, a ciudadanos e instituciones sobre la necesidad urgente de sustituir el actual modelo económico y social, definiendo fórmulas de crecimiento respetuosas con el entorno y capaces de conformar comunidades socialmente cohexionadas.

Creemos que la tensión que se produce en la Sierra de Guadarrama entre el impulso conservacionista de quienes, desde cualquier ámbito, proponen su protección y la enorme y creciente presión que ejerce, en su periferia, un proceso urbanizador generalizado, convierten la Sierra de Guadarrama en paradigma del conflicto entre modelos de desarrollo social y ecológicamente integradores y sostenibles y el puro expolio de los recursos, algo que, como decimos en el documento, es pan para hoy y hambre y frustración para mañana.

Descarga el <Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama>

Promueven la iniciativa:

COLLADO, MEDIANO Y SOSTENIBLE (COLLADO MEDIANO - MADRID)
ALPEDRETE SOSTENIBLE (ALPEDRETE - MADRID)
ASOCIACIÓN CIUDADANA DE MORALZARZAL (MORALZARZAL - MADRID)
FORO CIUDADANO ESCURIALENSE (EL ESCORIAL - MADRID)
PLATAFORMA CONJUNTA EN DEFENSA DEL VALLE RASCAFRÍA-EL PAULAR (RASCAFRÍA Y EL PAULAR - MADRID)
ASOCIACIÓN CENTÁUREA (SEGOVIA)
ASOCIACIÓN OTERO DE HERREROS (OTERO DE HERREROS - SEGOVIA)
SALMA (MATAELPINO, CERCEDA Y EL BOALO - MADRID)
PLATAFORMA VECINAL SOS MIRAFLORES (MIRAFLORES DE LA SIERRA - MADRID)
EL SOTO, ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA (MADRID)
AGRUPACIÓN DEPORTIVA JAIME FERRÁN (COLLADO VILLALBA - MADRID)
ASOCIACIÓN CULTURAL ZONA CÍVICA DE LAS ROZAS (LAS ROZAS - MADRID)
ASOCIACIÓN RED-MONTAÑAS
GREENPEACE ESPAÑA

Sugerencias al Plan General de Ordenación Urbana de Collado         

Por fin hemos conseguido concluir dos documentos con las opiniones del Colectivo sobre el Avance al Plan General de Ordenación Urbana que ha presentado el equipo de gobierno municipal. Quiero agradecer a todos los que han colaborado -y han sido muchos de dentro y fuera del municipio- el esfuerzo, la dedicación, el interés y la capacidad de trabajo conjunto. Ha sido una carrera contra el tiempo ya que, para un asunto de esta envergadura y pese a la ampliación que concedieron, hemos tenido por medio casi dos meses de vacaciones lo cual, sin duda, ha pesado a la hora de terminar de concretar los documentos. De ahí que, después de la entrevista que mantuvimos con el equipo redactor y a la vista de sus manifestaciones relativas a que una pequeña ampliación no cambiaría para nada la tramitación del Avance, se solicitara por los grupos de la oposición otra nueva ampliación al plazo de presentación de sugerencias hasta el día 30 de Septiembre. La respuesta de quienes nos gobiernan ha sido el silencio. Es más, el pleno ordinario de Septiembre que debería haberse celebrado el miércoles día 6 se ha pospuesto al día 13.

Otra más. Luego nos dicen que, además de críticos, buscamos donde no hay. En lo que se refiere a los documentos de sugerencias tienen dos enfoques. El primero contiene una amplia serie de consideraciones sobre el modelo de municipio en el que nos gustaría vivir para, finalmente, pasar a sugerir 24 puntos (descarga este primer documento de <sugerencias>). El segundo analiza el Avance desde la perspectiva de la Agenda 21 que, pese a estar aprobada y pagada con fondos públicos, sigue durmiendo el sueño de los justos ya no sabemos dónde (descarga este segundo documento de <sugerencias>). Suponemos que tanto por premura de tiempo como por su contenido, muchos de nuestros convecinos no compartan lo que planteamos. Están en su derecho. Lo que nos gustaría es, al menos, que si alguna de las sugerencias que planteamos es aceptada por cualquiera que las lea, y si tiene tiempo y puede, proceda a imprimirla por separado y presentarla en el Registro del Ayuntamiento antes de las 13 horas del sábado día 9.

Para quienes estén de acuerdo con todo el planteamiento, el sábado día 9 estaremos en la Plaza Mayor recogiendo firmas.

De todas formas esto no ha hecho más que empezar. Esta fase de sugerencias debería haber servido para que aquellos que han promovido el Avance -el equipo de gobierno- hubieran promovido un debate sobre su contenido y sobre las posibles alternativas al mismo. ¿Alguien en el municipio tiene la seguridad -y la conciencia- de que ha sido así? Evidentemente, las formas tienen mucho que ver con los fondos.

Por nuestra parte nos comprometemos a iniciar un proceso de difusión y de debate en todos los espacios posibles en el que animamos a participar a todos los vecinos y entidades que conforman la sociedad de nuestro municipio. Tendremos mucho que decir, que debatir, que contrastar y sobre lo que discrepar o compartir. Pero sin duda, estaremos contribuyendo a crear sociedad, esa sociedad civil participativa de la que estamos tan carentes y a la que nuestras autoridades municipales parecen querer mantener a distancia.

Muchas gracias a todos.

 Manifiesto en defensa de la sierra de Guadarrama         

Creemos que la tensión que se produce en la Sierra de Guadarrama entre el impulso conservacionista de quienes, desde cualquier ámbito, proponen su protección y la enorme y creciente presión que ejerce, en su periferia, un proceso urbanizador generalizado, convierten a nuestra Sierra en paradigma del conflicto entre modelos de desarrollo social y ecológicamente integradores y sostenibles, y el puro expolio de los recursos, algo que como se dice en el documento, es pan para hoy y hambre y frustración para mañana.

Con el Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama, y el respaldo de quienes comparten estos criterios y tienen el reconocimiento público, pretendemos potenciar el debate y sensibilizar a ciudadanos e instituciones sobre la necesidad urgente de sustituir el actual modelo económico y social y definir fórmulas de crecimiento respetuosas con el entorno y capaces de conformar comunidades socialmente cohexionadas.

Descarga el <Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama>

Otra opción sobre la seguridad ciudadana         

Desde hace algunos meses y en nuestro municipio, se vienen desarrollando una serie de campañas tendentes a crear un estado de opinión inclinado a hacer creer a nuestros convecinos que vivimos en una población donde no existen condiciones que garanticen la seguridad ciudadana de sus habitantes. Algunos sucesos delictivos, cuyo último suceso ha consistido el atraco perpetrado en una entidad bancaria, con el deplorable resultado de un herido grave, han dado ocasión para que algunos colectivos ciudadanos estén inmersos en una serie de acciones cuyo origen solamente puede tener dos motivaciones: una bienintencionada y argumentada sobre la base de conseguir para nuestro pueblo y sus habitantes una adecuada situación de seguridad y otra, cuanto menos malévola, destinada a la creación de un clima de miedo que deteriore la ya de por sí maltrecha política que, también en materia de seguridad, están llevando a cabo nuestros actuales regidores.

Nuestro Colectivo, sensible a la situación de preocupación producida como consecuencia de lo anteriormente descrito y, a la vez, fiel al principio de hacer saber para saber hacer, quiere hacer pública su postura sobre el concepto, los valores y la instrumentación de lo que entendemos por la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, hacer una llamada a todos nuestros convecinos para que, lejos del miedo y de la dejación, se sumen al proceso de participación que proponemos para éste y para el resto de problemas que tenemos pendientes de solución en nuestro municipio.

¿De qué nos cuidamos y quién o qué nos proporciona seguridad?

La etimología nos recuerda que el término securitas designa la cualidad del cuidado de sí. Este punto de partida es muy importante ya que el concepto de seguridad gira en torno a algo esencial: de qué nos hemos de cuidar y, su consecuencia, a quién se atribuye la función del cuidado.

En los burgos y aldeas medievales, la seguridad provenía de la organización de los vecinos frente a las emergencias. La ciudad amurallada era símbolo de protección frente a la amenaza o agresión externa y, por otra parte, la mayoría de los conflictos internos eran resueltos en el seno de la comunidad y en un marco de control social primario.

El nacimiento de las grandes concentraciones urbanas trajo consigo un cambio radical en el ámbito de la inseguridad y del miedo. Si en la ciudad amurallada el peligro estaba fuera, en las ciudades modernas el peligro se halla dentro de la propia urbe. Es entonces cuando las instancias informales de control social son sustituidas por las agencias de control formal: la policía, los juzgados y las cárceles. El peligro ya no está encarnado por las catástrofes naturales o los invasores, sino por otros ciudadanos.

La asociación inseguridad-criminalidad

La seguridad es definida en las constituciones y declaraciones de derechos de un modo plural. En la Constitución española, en concreto, se establece como un derecho ciudadano a vivir en un <<clima de paz, de convivencia y de confianza mutua, que permite y facilita a los ciudadanos el libre y pacífico desarrollo de sus derechos individuales, políticos y sociales>>.

Sin embargo, se puede observar por el proceso descrito anteriormente que se ha ido despojando a la seguridad de sus antiguas aliadas -la libertad, la solidaridad o la confianza mutua- y que ha quedado reducida casi por completo a una parte marginal de su globalidad: la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad. Hoy es el significado casi exclusivo que se le atribuye, más aún si se le añade la adjetivación de ciudadana. Ante esto, la garantía de esa seguridad reducida es exclusiva competencia de las instancias de control formal, públicas o privadas, que la gestionan en un régimen de monopolio sin precedentes en la historia.

Dentro de un concepto más amplio de "malestar urbano" también se engloba la inseguridad ciudadana. En las sociedades posindustriales este sentimiento procede, sobre todo, de la imposibilidad que tiene el ciudadano para planear su futuro, de la crisis del Estado de Bienestar marcada por la precariedad laboral y los recortes a la protección social, de la competitividad aprendida desde la infancia, y de la sensación de carecer de alternativas en un momento en que las decisiones fundamentales para los ciudadanos son tomadas desde esferas cada vez más lejanas.

A esto es necesario unir el abandono de las primarias estrategias comunales de control social en las ciudades actuales, derivada en gran medida de la pérdida de lazos de vecindad y de la falta de comunicación entre personas y grupos. Cada vez más personas sitúan trabajo, consumo y ocio en zonas distintas dentro de la ciudad con el consiguiente debilitamiento del sentimiento de pertenencia a una comunidad. Estos nuevos hábitos de vida condicionan enormemente el modo de relacionarse y la forma de percibir a otras personas. El sentimiento de inseguridad tiene, por tanto, una estrecha relación con la incomunicación y con el abandono de los espacios públicos. Este repliegue de los ciudadanos hacia lo privado -el domicilio y la familia nuclear- hace que se limite el contacto con las personas del entorno y que se pierda el control sobre los espacios.

Si hay algo que caracteriza a las fuentes de inseguridad de nuestro tiempo es su carácter difuso y estructural, lo cual hace que sean difícilmente identificables. Para la ciudadanía resulta muy difícil canalizar la insatisfacción, los miedos y las frustraciones hacia lo que se podrían considerar sus causas reales.

En la época de los derechos humanos y de las constituciones democráticas, asistimos paralizados a formas cada vez más sofisticadas de violencia estructural. Así, los derechos humanos, tal como se conciben usualmente, son perfectamente compatibles con el paternalismo con el que los detentadores del poder lo distribuyen todo, salvo el poder último de las distribuciones, de manera que se obtiene una igualación sin ningún cambio real en la estructura de poder.

Llegados a este punto, es interesante reflexionar sobre las razones politico-culturales que hacen que el vocabulario del miedo al crimen sea capaz de traducir y expresar cada vez más todo el conjunto de las inseguridades sociales.

En la actualidad, cuando la experiencia directa con el crimen es algo excepcional, los ciudadanos reciben a diario la imagen del delito ofrecida por los medios de comunicación. La criminalidad que se conoce a través de los medios es precisamente la más anecdótica, la menos real: los actos de violencia entre personas desconocidas. Los medios de comunicación crean una criminalidad difusa, irreal e incomprensible para la mayoría de las personas con la finalidad de inquietar o fascinar al público. Pero, además, crean la sensación de que esa criminalidad violenta, cercana a la cinematografía, está experimentando importantes aumentos, lo que lleva al ciudadano a sentir la necesidad de protegerse.

Riesgo objetivo y sentimiento de inseguridad

El sentimiento de inseguridad tiene escasa relación con el riesgo objetivo y real de ser víctima de un acto violento. Como ejemplo, se pueden citar las investigaciones realizadas por el Departamento de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que ponen de relieve que el sentimiento de inseguridad está menos presente precisamente en los barrios barceloneses objetivamente más inseguros.

La distinción entre seguridad subjetiva y objetiva resulta fundamental para comprender el incremento de la inseguridad de la población y para arbitrar medidas que proporciones seguridad real, no simbólica. Del mismo modo, esta distinción puede facilitar la búsqueda de las raíces del miedo y evitar la canalización de las inseguridades, personales y sociales, hacia formas de castigo de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Tras ésta reflexión crítica, aparece suficientemente claro que la inseguridad ciudadana frente a la criminalidad es el producto de una compleja construcción social dentro de la cual, el riesgo efectivo del crimen tiene un papel relativamente limitado.

Demanda de seguridad y respuesta represiva

Más allá de la distinción entre sentimiento de inseguridad y riesgo objetivo, las encuestas revelan que la seguridad aparece situada en un lugar preferente para los ciudadanos, incluso frente a otros valores sociales considerados menos importantes tales como la libertad, la igualdad social o la solidaridad.

Pero, ¿cómo se está respondiendo a la citada demanda social? La gestión de la seguridad está siendo actualmente acaparada por dos estrategias: el refuerzo del sistema represivo institucional y el incremento de la seguridad privada.

A la vez que se destaca la creciente inseguridad de la población, se suele afirmar la tendencia punitiva de los ciudadanos. Según el estudio ya citado de la Universidad Pompeu Fabra, un 53% de la población coincide en que para mejorar la seguridad pública es preciso incrementar las medidas represivas -lucha contra la inmigración clandestina, penas más severas, mayor presencia policial- frente a un 36% que preconiza por medidas de prevención y otras alternativas a la cárcel.

Contradicciones y desconocimiento ayudan a sostener la rotundidad con la que, desde las instancias de poder y control, se afirma la vocación punitiva de los españoles y con la que, dicho sea de paso, se pretende legitimar la creciente actuación represiva del Estado. Entre ellas cabe destacar la afirmación de muchos ciudadanos sobre la necesidad de la cárcel pero que, al responder sobre su utilización concreta, sólo se refieren a los delitos más graves como homicidios, violencia grave o agresiones sexuales, lo que sólo representa un 0,7% de los encarcelamientos en nuestro país. Haciendo eco del estudio, un 91% de los españoles que demandan un endurecimiento de las penas, afirma desconocer cuales son los máximos que se pueden imponer según nuestra legislación.

Ante el desierto de alternativas efectivas frente al lenguaje de la represión, cabe preguntarse si la población española se decanta por el incremento de lo penal más porque desconoce otra forma de respuesta que por considerarlo como la solución al problema.

Respuesta pública: del Estado social al Estado penal

Algunos expertos afirman que el reemplazo de un semi-Estado providencial por un Estado penal y policial, en Estados Unidos, dentro del cual la criminalización y el encarcelamiento de los desheredados están supliendo a la política social, se está produciendo también en Europa.

La tentación de apoyarse en estrategias represivas para hacer frente a los efectos de la inseguridad, derivada del modelo social adoptado, se está dejando sentir, en mayor o menor medida, en todos los países de nuestro entorno. Inmigrantes extracomunitarios, población gitana y, en general, quienes componen las categorías más vulnerables de la sociedad, están siendo masivamente sobrerrepresentados entre la población carcelaria. Esta tendencia, que está llevando a los Estados a cambiar un buen número de estrategias sociales por medidas penales, está siendo adoptada en Europa tanto en países gobernados por formaciones derechistas o socialdemócratas.

Respuesta privada: el mercado de la seguridad

La otra respuesta que ha tomado un gran auge en la última década, y que también está relacionada con el miedo difuso que padecen los habitantes de nuestras ciudades, es la proliferación de las estrategias privadas de seguridad. La seguridad ha pasado a ser bien que se compra y se vende y que determina la posición social de quien lo consume. De esta forma, la seguridad física se ha convertido en otro símbolo de status que diferencia a quien tiene de quien no tiene y haciendo que la seguridad sea, cada vez más, un estilo de vida.

Acaso por esto, muchas de las nuevas edificaciones, sean públicas o privadas, han incorporado el concepto de "espacio defendible" propio de los castillos y fortalezas de otro tiempo. Esta idea se refleja en ciertos estilos arquitectónicos, ya sean centros comerciales, viviendas u oficinas, que presentan un aspecto agradable hacia el interior y otro más desagradable hacia el exterior con cada vez más barreras -reales o simbólicas- para alejar a los indeseables.

La huella de las políticas represivas en la ciudad
Es interesante preguntarse por qué el miedo o la inseguridad son, actualmente, factores esenciales para comprender la organización espacial y las relaciones sociales en las ciudades.

Se puede afirmar que las respuestas actuales, públicas o privadas, frente a la inseguridad inciden de lleno en la configuración del espacio y en el urbanismo de las ciudades. En este sentido, el ejemplo extremo lo representan algunas ciudades norteamericanas, donde la policía tiene un papel muy importante en la planificación urbana, siendo los más feroces detractores de los espacios públicos con el argumento de que éstos atraen la criminalidad.

El modelo de seguridad ciudadana expuesto hasta ahora -y predominante en los países de nuestro entorno- se apoya en tres pilares fundamentales que van a marcar cada una de las estrategias y las consecuencias de las mismas: el predominio de las medidas represivas, la criminalización de los excluidos -cuya seguridad ni siquiera se debate- y la restricción de libertades de quienes habitan la ciudad, todo ello destinado a la implantación de una ciudad disciplinada en lugar de una ciudad segura.

De la ciudad disciplinada a la seguridad urbana

Para dar respuesta a la demanda insatisfecha de seguridad, es necesario escapar del circuito establecido de inseguridad-represión-mayor inseguridad-mayor represión… que, lejos de producir los efectos deseados por los ciudadanos, producen justo los contrarios y, además, conllevan elevados costes emocionales -tanto para las víctimas como para los infractores- y económicos.

La identificación de la seguridad con la protección frente al crimen implica, en la práctica, que aquellos grupos que son habitualmente criminalizados o seleccionados como de riesgo potencial por el sistema policial, tienen un importante déficit de acceso a este importante derecho ciudadano. Y es así porque, actualmente, tanto la definición de lo seguro como la identificación de lo peligroso la realizan únicamente los grupos mejor situados socioeconómicamente desde la pretensión de que seguridad sólo hay una: la por ellos definida y que, además, es generalizable y debe ser aceptada sin posibilidad de matices o respuestas.

Por todo ello, es imprescindible redefinir la seguridad de manera que desborde la esfera de lo criminal y pase a identificarse con la de las libertades -de expresión, de movimiento, de reunión, de acceso real y justo al empleo, la educación, la salud, la vivienda, la cultura, el ocio…- , con la convivencia de los diferentes grupos sociales y culturales y con la justicia social para impedir que, precisamente los más perjudicados por el modelo actual de sociedad, se conviertan en culpabilizables de las inseguridades y frustraciones del resto.

La inseguridad tiene su origen en los hábitos de vida, comunicación, sentimiento de comunidad, posición de los medios de comunicación, edad, sexo, situación social… Estos factores no sólo inciden en un mayor o menor sentimiento de inseguridad, sino que determinan la existencia de necesidades distintas en este ámbito. Por tanto, no hay una única seguridad, sino tantas como ciudadanos, y los gestores públicos deben posibilitar la satisfacción de todas ellas. Las estrategias de gestión de la seguridad urbana deben ser puentes de encuentro para los intereses ciudadanos encontrados a través de una mediación incansable.

Una ciudad segura no se logra con calles repletas de policías, vigilantes o patrullas ciudadanas, sino con el tránsito normal de quienes son sus propietarios: los ciudadanos. Esto no implica que seguridad y comunicación sean términos reñidos con la privacidad. Una vecindad en armonía es aquella que ha conseguido establecer un equilibrio entre la determinación de sus moradores de conservar su intimidad y su simultáneo deseo de establecer diversos grados de contacto, esparcimiento y ayuda con sus vecinos.

Esta propuesta conlleva, necesariamente, el cambio del vocabulario actualmente ligado a la seguridad -vigilancia, policía, miedo al otro, desconfianza, domicilio como referente de seguridad- por otro más idóneo para incidir allí donde más se necesita: en el sentimiento de seguridad de las personas y en el que primen las calles transitadas, el vecindario, los espacios públicos y la comunicación.

A la vez, se hace necesaria la potenciación de la participación ciudadana en el control social y la descentralización, a nivel de barrio, de la gestión de pequeños conflictos por medio de estructuras públicas y con el protagonismo del tejido social. Y esto es así porque las instancias de control formal no sirven si no existe un sustrato de relaciones y una organización participativa de los ciudadanos que son, en definitiva, quienes crean seguridad.

Por esta razón, debe de avanzarse decididamente en el camino de la superación del monopolio de la seguridad que todavía ostentan la policía y los jueces. En este camino se encuentran un buen número de los municipios que componen el Foro Europeo para la Seguridad Urbana que consideran que la seguridad es un bien público al que tiene derecho todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y que debe de ser gestionado por los representantes municipales conjuntamente con los actores sociales de la comunidad.

Ahora, más que nunca, los habitantes de las poblaciones, debemos pegarnos a la realidad de nuestro entorno y encontrar allí, en las relaciones con las personas y con el espacio, la seguridad que nos hurta la forma de vida que tenemos y en cuya implantación hemos participado como meras comparsas.

La estadística en nuestros municipios

Existen muchos tipos de mentiras, y uno de ellos es la mentira estadística. Si de dos personas una se come un pollo y otra lo mira mientras lo hace, la estadística indicará que cada uno se ha comido medio pollo. En cuanto a las estadísticas de hechos delictivos se refiere sucede lo mismo, con la diferencia de que aquellos que han sido víctimas reales de los delitos raramente verán saciado su apetito de seguridad y, salvo excepciones, quedan marcados por la inseguridad y el miedo. Los datos referidos a delitos en la sierra madrileña que posee el Ministerio del Interior de los últimos cinco años son las siguientes :

<ver tabla>

El pasado año, el número de delitos (37) y de faltas (32) ha significado el de menor incidencia dentro de periodo analizado en el cual, durante 2003 se alcanzó la cuota mayor con 67 delitos y 90 faltas. En términos reales y durante el año 2005, se han producido menos hechos delictivos que en el 2001 en el que se produjeron 45 delitos y 51 faltas.

Si tenemos en cuenta el aumento de población del municipio, también el pasado año fue en el que menor tasa de delitos y faltas por 1.000 habitantes se cometieron durante el quinquenio con un 11,83.

Es muy importante que conozcamos y manejemos estos datos cuando nos refiramos a la situación de la seguridad en nuestro municipio y, sobre todo, cuando reivindiquemos ante las autoridades ya que, con independencia de los sentimientos y la buena voluntad, las cifras se nos pueden volver en contra.

Opciones para nuestra seguridad

Es cierto que ese sentimiento de inseguridad y riesgo está soportado, además de por las incertidumbres sociales de nuestro vivir cotidiano, por hechos delictivos realmente ocurridos en nuestro pueblo. Todas las autoridades -locales, regionales y estatales- que tienen competencia en la materia son responsables de facilitar un espacio social seguro y, a la vez, son garantes de nuestra seguridad, pero también es una materia que compete a los ciudadanos. No como patrulla de autodefensa o como gestores directos de una función que han delegado en las instituciones públicas, sino como actores participativos y, en muchas ocasiones, mediadores de conflictos que no deben ir más lejos de nuestro propio entorno.

Por ello, nuestro Colectivo cree necesario que, de forma inmediata, el equipo de gobierno municipal actual y los que le puedan suceder adopten medidas, protocolos y cauces participativos ciudadanos que hagan posible ese espacio ciudadano libre y apacible que todos deseamos y del cual todos debemos ser responsables por encima de las opciones políticas determinadas.

Como medidas para ello y en sintonía con algunos grupos políticos de nuestro municipio proponemos a nuestros rectores municipales que:

  1. Doten de forma definitiva y concluyente a la Policía Municipal de los recursos humanos suficientes como para que esté presente y tenga actividad durante 24 horas diarias todos los días del año.
  2. Destinen en todos los ejercicios presupuestarios la partida necesaria para que las plazas de Policía Municipal estén permanentemente cubiertas y su trabajo tenga la remuneración suficiente para fidelizarlos y que no, como ahora sucede con sospechosa frecuencia, opten por trabajar en otros municipios que ofrecen mejores condiciones.
  3. Establezcan un protocolo de actuación de la Policía Municipal en materias de seguridad ciudadana, vial y medio ambiental.
  4. Vigilen el estricto cumplimiento del protocolo.
  5. Constituyan un Consejo Local de Seguridad Ciudadana según los términos descritos para este organismo en la norma reguladora establecida en el BOCM del 10 de febrero del 2005 y en el que estén representados todos los grupos y entidades vecinales, de inmigrantes y partidos políticos del municipio.